PESCA ILEGAL Y AMENAZA A LA SOBERANÍA: Reflexiones sobre la Nación y el interés nacional.
Por: Camila Díaz Caneja
Integrante de Ideas para el Futuro. Área de Relaciones Internacionales.
RESUMEN: Este artículo versa sobre la pesca ilegal o pesca INDNR, su impacto social, económico y ambiental, pero, sobre todo, la amenaza que implica la realización de esta práctica ilegal para nuestra soberanía. Se trata, además, la responsabilidad del estado en la defensa de nuestros recursos vivos, ya no solo por su potencial, sino también por cuestiones del nacionalismo, del interés nacional y de geopolítica estratégica.
La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar enfatiza la obligación de los estados de proteger y preservar el ambiente marino (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). Este territorio constituye una gran potencialidad en cuanto a sus aspectos económicos y geopolíticos, esto se ve explícitamente en la pesca, los recursos naturales, la posibilidad de investigación científica y de comunicación con otras partes del globo (Koutoudjian, 2020). Argentina es ineludiblemente un país marítimo, sus costas se extienden en unos 4.725 km2 y sus aguas comprenden unas 200 millas, lo que serían 2.809.237 km2 (Gobierno de Argentina, s.f.). Dicho esto, cabe preguntarse, ¿Somos realmente conscientes de esta concepción de nuestro país? Y de forma subsiguiente, nuestra legislación y las políticas que adoptamos, ¿están en concordancia con dicha concepción? ¿Qué ocurre en la milla 201?
Comenzando por aquella ultima pregunta, muchos son los testimonios sobre barcos pesqueros que depredan los recursos vivos argentinos. Este robo representa en términos económicos, pérdidas de 2000 millones de dólares al año debido a pesca ilegal (Vexler, 2020). La antedicha es aquella que se desarrolla en las denominadas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), sin licencia o autorización del Estado correspondiente (Hungría, 2017). La zona económica exclusiva es aquella que se extiende desde las 24 millas marítimas (zona contigua) hasta las 200 millas, contando desde la línea base. Allí el estado ribereño guarda para si todas las potestades aduaneras, fiscales, inmigratorias, preventivas, entre otras. Según lo relatado por Piñeyro (Vexler, 2020), la modalidad general de esta actividad consiste en el posicionamiento de barcos extranjeros en la milla 201. De esta forma, prosiguen desactivando el Sistema de Identificación Automática (AIS) y cruzan la zona económica exclusiva, en donde pescan escapando a los límites impuestos por la ley. Estos son conocidos como las flotas oscuras.
El ejercicio de esta actividad criminal afecta de forma tripartita a la economía, la sociedad y el ambiente. En lo económico, dicha práctica genera la entrada al mercado de productos obtenidos ilegalmente, además, desestabiliza los precios establecidos, hay evasión de tasas, impuestos, obtención de licencias, autorizaciones, entre otros. En lo que respecta a lo social, podríamos destacar el hecho de que existen determinadas comunidades autónomas que dependen de la actividad pesquera, la pesca ilegal genera sobreexplotación y perdida de recursos. Esto afecta de forma directa o indirecta a los empleos de los pescadores dentro de la ley y a otros empleos intermedios derivados de aquella actividad. Por último -pero no menos importante- hay un impacto ambiental, dicha sobreexplotación genera cambios irreversibles en el ecosistema, generando, por ejemplo, no solo la perdida de las especies capturadas sino también la ruptura de la cadena trófica (Hungría, 2017).
Según una investigación de la revista científica Science Advances el 97% del esfuerzo pesquero global es realizado por países desarrollados, pero el 87% de este número le pertenece solo cinco países: China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, y España (Sol 91.5, 2020); A su vez, cuatro de esos cinco países conforman la flota de pesca furtiva sobre el borde de la milla 200 de Argentina. Abordando el caso particular de China, el rápido desarrollo, los cambios en el poder adquisitivo y en los hábitos alimentarios de su población, en conjunto con la necesidad del liderazgo chino por procurar la cobertura de la demanda de comida, provocaron la puesta en marcha de este tipo de crímenes (The Diplomat, 2020).
En ciertas ocasiones, Prefectura Naval Argentina logro perseguir y hundir a estos barcos. En 2013 las autoridades argentinas atraparon a un pesquero chino que había capturado 180 toneladas de calamar fresco en la zona económica exclusiva argentina, en la cual el estado costero o ribereño tiene derechos soberanos especiales. Luego, el evento se repitió en 2016, con la diferencia de que esta vez se hundió efectivamente al navío pesquero Lu Yuan Yu 010 (The Diplomat, 2016). Sin embargo, los últimos eventos ocurridos en marzo de este año -aquellos documentados por Enrique Piñeyro- demuestran que este tipo de prácticas son moneda corriente. Este tipo de lógica, volviendo hacia las preguntas planteadas al comienzo, responde a: una falta de conciencia marítima generalizada, a una débil legislación sobre el tema, a falta de recursos destinados a la defensa o inclusive al uso inadecuado de los mismos.
En cuanto a los recursos, hoy en día Argentina no tiene una flota submarina operativa. Asimismo, carecemos de vehículos de exploración subacuáticos adecuados. Desde hace años el presupuesto para la armada es bajo (Koutoudjian, 2020). Si tomamos como ejemplo los recursos asignados en 2018 al área de defensa, veríamos que de un total de $21 mil millones, el 88% se destinó al pago de salarios, el 10% a la compra de insumos y solo un 2% a inversiones (Instituto para el Desarrollo Social Argentino, 2017). Es así como, el problema en cuestión no versa únicamente por sobre la falta de recursos, sino también por la ineficiente distribución de los mismos. Acorde a los datos aflorados del presupuesto nacional 2020, podríamos decir -al igual que en 2018 y los años posteriores- los leves aumentos no equilibran las estimaciones inflacionarias (Lacroix, 2019).
Lo que llaman “flotas oscuras” podría decirse -ironizando, por supuesto- nunca fueron tan brillantes y tan enceguecedoras como ahora. La política marítima fue relegada durante años, esto se ve reflejado en el bajo presupuesto, la poca logística, control y poder de sanción al respecto. Es necesario invertir en equipo técnico que nos permita disuadir estos ataques que afectan por sobre todas las cosas nuestra soberanía y el derecho exclusivo que tenemos por sobre dichas aguas. Retomando a Adolfo Koutoudjian, es necesaria una estrategia oceánica en todos los planos del accionar naval, es decir, trafico mercante, pesquerías, exploración, conocimiento científico y presencia militar (Koutoudjian, 2020). Por otro lado, es menester hablar también desde una perspectiva de iniciativa multilateral: los países latinoamericanos conviven en su mayoría son el mismo problema, es por eso que un mayor nivel de cooperación permitiría mayor unidad y resistencia frente a las amenazas planteadas.
En conclusión, es importante comenzar a auto percibirnos como lo que realmente somos, un país con vasto territorio oceánico, y consecuentemente actuar y legislar de tal manera que los intereses nacionales sean protegidos. Para eso es necesaria la asignación de recursos, el control, la eventual sanción y por sobre todo, la voluntad política. La problemática remite no solo a problemas técnicos, económicos y de planeamiento, sino que esta enraizada en cuestiones que van mas allá, tales como la identidad nacional. La defensa de nuestros recursos y de nuestra soberanía exige que la problemática se plantee de forma inminente como una política de estado, transversal a cualquier gobierno. Las políticas llevadas a cabo por la función pública, en lo que respecta a defensa, requiere de continuidad, fluidez, eficiencia. Me pregunto, ¿Es racional contar con mas personal que recursos para llevar a cabo el acto de defensa? ¿Es aceptable la carencia, por lo menos parcial, de una política marítima, siendo un país bicontinental y oceánico? Debemos reconfigurar la cuestión como un verdadero interés nacional y para que esto sea posible, la política exterior argentina debe demostrar cierta continuidad y armonía en el tiempo.